Los espeleólogos atrapados con una alerta de mal tiempo previa deberán pagar la factura de Protección Civil
GONZALO SELLERS
SANTANDER
SANTANDER
El Gobierno de Cantabria modificó recientemente el reglamento que regula las tasas por servicios de salvamento, vigente desde 2004. Esta normativa, que en líneas generales establece las condiciones para cobrar a las personas rescatadas el gasto del operativo, incluye ahora 'aquellas intervenciones realizadas en situaciones de avisos a la población de fenómenos meteorológicos adversos'. Por ejemplo, si un espeleólogo decide internarse en una cueva a pesar de las malas previsiones de tiempo y debe ser rescatado, él pagará las costas de Protección Civil.
Esta medida que a primera vista parece coherente, ha creado un profundo malestar entre la comunidad espeleóloga de Cantabria, ya que lo ven como «un intento de coartar la entrada a las cuevas, para ellos somos un estorbo», aseguró Pedro Merino, uno de estos deportistas que, junto a otros doscientos compañeros, firmó una carta de protesta al nuevo reglamento del Gobierno. «El Gobierno lo pinta como un intento de proteger el Patrimonio Arqueológico, pero no es verdad», criticó.
Esta medida que a primera vista parece coherente, ha creado un profundo malestar entre la comunidad espeleóloga de Cantabria, ya que lo ven como «un intento de coartar la entrada a las cuevas, para ellos somos un estorbo», aseguró Pedro Merino, uno de estos deportistas que, junto a otros doscientos compañeros, firmó una carta de protesta al nuevo reglamento del Gobierno. «El Gobierno lo pinta como un intento de proteger el Patrimonio Arqueológico, pero no es verdad», criticó.
«La normativa no determina qué significa 'meteorología adversa', el organismo que va a decidir sobre ello o si el límite será la alerta naranja o la roja. Al final, no prohibirán entrar en las cuevas porque el hombre del tiempo dice en la televisión que va a llover», se quejó Merino. «¿Quién va a establecer la causa-efecto entre la mala climatología y el accidente? Yo he estado atrapado en una cueva dos días y no hacía mal tiempo», remarcó este espeleólogo.
Nunca se ha cobrado
El reglamento destaca que no estarán exentas del pago de esta tasa las personas 'que no hayan cumplido con todos los trámites legales previos de obtención de permisos para realizar la actividad'. Esto se traduce, oficialmente, en que Cultura debe autorizar cualquier demanda para realizar la espeleología en una cueva, mientras que, oficiosamente, sólo otorga los permisos a los deportistas federados. «Cantabria es la única comunidad autónoma que exige autorizaciones para practicar deporte en una cueva. En el resto de España la entrada es libre», explicó Merino.
A pesar que esta normativa entró en vigor en 2004, Protección Civil nunca la ha puesto en práctica. Según informaron a este periódico fuentes del servicio de emergencias, esto se debe a motivos legales. Al parecer, los propios servicios jurídicos del Ejecutivo regional han desaconsejado que se ponga en práctica esta medida ante la posibilidad de que no sea legal, ya que cualquier español tiene derecho a recibir asistencia por parte de Protección Civil sin tener que pagar por ello.
Un rescate a gran escala, con intervención de cerca de un centenar de personas y utilizando el helicóptero de emergencias, podría suponer un mínimo de 12.000 euros por persona rescatada.
«Sólo para casos muy graves»
Para el director general de Protección Civil, José Luis Gochicoa, esta tasa es algo «excepcional» que, al igual que hace ya otras comunidades autónomas, «sólo se aplicaría en caso de imprudencias muy graves». Para el director, es necesario fijar este tipo de cuantías, que en «ningún caso son coercitivas ni represivas», y no pretenden desincentivar la espeleología, algo que consideraría un «contrasentido» en nuestra región, por la riqueza de sus cuevas. «El Gobierno de Cantabria respalda a los cientos de espeleólogos que ponen en valor el tesoro de nuestras cavidades», aclaró.
Lo único que se pretende hacer con esta tasa, explicó Gochicoa, es concienciar a ese «mínimo porcentaje» de personas que actúa de manera imprudente, a quienes no valoran el despliegue de personas y medios que conlleva su actuación, y del que se deriva un gasto que se sufraga «con el dinero de todos los cántabros», además de, en ocasiones, poner en peligro a los efectivos de los servicios de emergencias.
Gochicoa lo dejó claro: «Absolutamente nadie tendrá que pagar por un incidente derivado de la mera práctica deportiva, sólo se habrá de tener en cuenta, como ya hacen el 99,9% por ciento de los deportistas, las advertencias y alertas climatológicas». Y ejemplificó la intención del Gobierno: «Quien se mete en el mar con prohibición expresa de baño, a través de una bandera roja, debe de saber que si se encuentra en problemas, también está poniendo en peligro al socorrista».
Además, el director general destacó la «profesionalidad» del equipo de espeleosocorro que trabaja para el Gobierno. «Su nivel es altísimo, por lo que incluso la Unidad Militar de Emergencias ha realizado prácticas en esta materia con el equipo cántabro», afirmó.
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